El conflicto entre la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez (VGG) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) no es una simple disputa contable; es un drama social y político que ha alcanzado su punto más álgido. La postura inflexible y la falta de empatía de la empresa provincial, en un contexto de profunda crisis socioeconómica, parecen señalar un objetivo único: la absorción de la Cooperativa, poniendo en riesgo el bienestar de miles de familias en vísperas del verano.
La Deuda Impagable: Víctima de la Crisis y el Robo Estructural
La Cooperativa de VGG ha alzado la voz de alarma con una advertencia desgarradora: si no hay intervención estatal, 33 barrios populares podrían sufrir cortes programados, afectando directamente a 8.200 familias.
El corazón del problema es una deuda de $6.000 millones con la EPE. Pero, ¿es la Cooperativa la única culpable? La entidad ha documentado que el 42% de la energía que adquiere se pierde o es «hurtada» en sectores vulnerables de la ciudad, donde la necesidad y la falta de ingresos fuerzan a la conexión irregular. Esta cifra astronómica no es una pérdida asumible para un prestador local.
📝 EL GRITO DE ALERTA: En su carta al Ministro Puccini, la Cooperativa fue clara: «La dimensión social del problema requiere atención estatal». En un país golpeado por la inflación y la pobreza, exigir el pago total de una deuda que es, en gran medida, un reflejo de la crisis social, es una postura de extrema intransigencia que condena al colapso a la entidad que presta un servicio esencial.
Para la Cooperativa, la EPE está pidiendo que sea un agente de ajuste y represión contra sus propios usuarios, en lugar de reconocer su rol como empresa pública que debe gestionar las consecuencias de la pobreza energética.
La Doble Vara de la Provincia: Favores a Rosario, Castigo a VGG (Y los Precedentes Olvidados)
Lo que intensifica la indignación en VGG no es solo el trato preferencial a Rosario respecto al robo de energía y la tarifa social, sino la memoria histórica de la EPE y el gobierno provincial respecto a otras deudas.
La Cooperativa de VGG ha denunciado que la administración actual se niega a utilizar herramientas que sí estuvieron disponibles en gestiones anteriores para aliviar las cargas financieras. Específicamente, se acusa al gobierno provincial de no activar los mecanismos disponibles ante Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) para lograr la refinanciación o, incluso, la condonación de deuda por parte de la provincia.
Precedentes de Asistencia y Saneamiento
El Estado provincial de Santa Fe, a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), ha asistido a múltiples cooperativas eléctricas en el pasado, especialmente mediante la instrumentación de planes de regularización de deudas y el otorgamiento de créditos en el marco de normativas nacionales.
Esta evidencia histórica refuerza la acusación de la Cooperativa de Villa Gobernador Gálvez sobre la «falta de voluntad política» en su caso específico, dado que existen precedentes.
Gestión Lifschitz y Perotti (Años 2010s): Durante estas administraciones, la provincia utilizó activamente los mecanismos de compensación y refinanciación a través de Cammesa. Esto permitió a numerosas cooperativas eléctricas de Santa Fe —muchas de ellas con situaciones de vulnerabilidad económica similar a VGG— ordenar sus pasivos con la EPE, reconociendo el Estado el rol social del servicio y las dificultades macroeconómicas.
Régimen de Regularización de Deudas (Art. 87 Ley de Presupuesto 2021):
Uno de los ejemplos más claros es el convenio firmado entre la EPE, la Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas (FESCOE) y la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), a fines de 2021.
Este acuerdo permitió que la totalidad de las cooperativas eléctricas de la provincia (independientemente de si tenían deuda o no) se beneficiaran del régimen de regularización de deudas establecido por el Artículo 87 de la Ley de Presupuesto Nacional.
El beneficio central fue que estas cooperativas recibieron un crédito equivalente a tres facturas mensuales promedio de compra de energía del año 2020. Esto no solo ayudó a sanear o reducir pasivos existentes, sino que también fue un reconocimiento a los esfuerzos del sector durante la crisis de la pandemia. Santa Fe fue la primera provincia en implementar este beneficio a favor de sus cooperativas.
Fondo de Electrificación Rural (FER):
La Secretaría de Estado de la Energía ha entregado regularmente aportes no reintegrables a numerosas cooperativas de electrificación rural para el mantenimiento, mejora y remodelación del tendido eléctrico (reemplazo de postes y cables).
Ejemplos de cooperativas que recibieron estos aportes incluyen entidades de las localidades de Hersilia, Rivadavia (con sede en Selva), Calchaquí, Romang, Humberto Primo, La Criolla, Margarita y Vera y Pintado, entre otras.
Estos fondos, si bien no eran para condonar deudas directamente, son una forma de asistencia estatal directa que evita que los altos costos de mantenimiento y la baja densidad de usuarios provoquen el colapso financiero de estas cooperativas rurales.
Comparación con Villa Gobernador Gálvez
Estos antecedentes demuestran que el Estado provincial tiene y ha utilizado activamente herramientas financieras y políticas para asistir a cooperativas con dificultades. La negativa actual de la EPE a aplicar esquemas de refinanciación, como los basados en el Artículo 87 (o en la predisposición a la negociación que existió en gestiones anteriores para sanear pasivos ante Cammesa), es lo que genera la dramática acusación de la Cooperativa de VGG de estar siendo intencionalmente llevada al colapso.
El Caso de la Deuda Consolidada: Históricamente, en la provincia se han gestionado amplios esquemas de refinanciación que permitieron a las cooperativas enfrentar deudas acumuladas, evitando así el colapso del servicio en el interior.
La actual negativa de la EPE a considerar estos precedentes no solo ignora la capacidad técnica de gestión que tiene la provincia, sino que la coloca en una posición de intransigencia inédita.
Si el Estado provincial tuvo la voluntad política y la capacidad técnica para rescatar y sanear la situación financiera de otras cooperativas en el pasado, la postura actual de «la deuda debe pagarse y punto» es interpretada como una decisión política deliberada para no salvar a VGG, sino para dejarla caer.
Esta doble vara en la aplicación de la ley y la política de asistencia confirma la tesis del ahogo financiero: la EPE está utilizando la deuda para desmantelar la Cooperativa, en lugar de utilizar las herramientas estatales disponibles para protegerla como prestadora esencial.
El Cerco y la Amenaza de Expropiación
La verdadera tesis que recorre la ciudad es que la intransigencia es intencionada. La escalada del conflicto y la ausencia de predisposición al diálogo por parte de las autoridades de la EPE están construyendo el marco perfecto para justificar la intervención.
El conflicto se intensifica en un momento de vulnerabilidad máxima: el inicio de las altas temperaturas, cuando la falta de energía puede tener consecuencias graves para la salud y, sobre todo, para la paz social.
La negativa a utilizar herramientas financieras disponibles —como la refinanciación o condonación de deuda ante Cammesa, mecanismos que usaron gobiernos anteriores—, sumada a la postura de «cero flexibilidades», llevó a que el gobierno de Pullaro y el ministro Puccini pusieran la carta final sobre la mesa:
📢 LA SENTENCIA: Si la Cooperativa no puede sostener el servicio, la única alternativa es que entregue la operación a la EPE.
Esta propuesta, rechazada por el intendente Alberto Ricci, no es más que la confirmación de la sospecha: el conflicto es la coartada para ejecutar la toma del servicio. La EPE, amparada en una postura fiscalista y sin empatía social, está cerrando el cerco para absorber la Cooperativa, centralizando la distribución eléctrica y pagando el costo de un estallido social en VGG. El reloj avanza, y miles de hogares se preparan para un verano a oscuras.
